Las VPO: ¿solución para jóvenes o para políticos?

Que cada vez nos vamos más tarde de casa es una realidad. Un problema para los jóvenes y una pesadilla pada sus padres que ven como el mochuelo tarda años y años en abandonar el nido. Dejando a parte los motivos de comodidad que "mueven a no moverse" a unos pocos, los más no dejan el hogar familiar por el gran motivo: la vivienda. Pues bien, las Viviendas de Protección Oficial pueden ser la solución si tienes suerte... o contactos.

La vivienda es una necesidad, en eso estamos casi todos de acuerdo, pero que debido a la interminable subida del suelo solo está al alcance de unos pocos es un hecho. Lo que antes fuera un piso para “el servicio” de 70m² ahora se convierte en todo un lujo.

El precio de la vivienda en España ha subido un 86% en los últimos diez años según el Instituto Nacional de Estadística, algo que hace el emanciparse misión imposible para los jóvenes.

Las Viviendas de Protección Oficial en teoría se convierten en la única tabla de salvación para los afortunados que las consiguen en concurso.

Se trata de viviendas cuyas características y precio deben estar regulados por la Administración. La superficie máxima, por ejemplo, debe ser de 90m² útiles, excepto para familias numerosas, caso en el que se amplía hasta 120m². Esta regulación por parte del poder público permite que estas viviendas sean más asequibles. En un piso de 90m² un comprador de VPO puede llegar a ahorrarse unos 68.000 euros de media.

Debido a este ahorro económico muchos partidos, como Candidatura Independiente, consideran que las viviendas protegidas deben destinarse en primer lugar a las personas incluidas dentro del Régimen Especial (renta que no supere los 1426,5 euros al mes) y en el caso de que todas estas personas tuvieran cubierta su necesidad, se ampliara a las de Régimen General (3138,3 euros al mes). Consideración que muchos podemos creer obvia, pero que lamentablemente no siempre se cumple.

A la hora de inscribirse en los concursos de una VPO hay que tener en cuenta también el plazo, que oscila entre los 3 años y medio o cuatro desde que uno se apunta, hasta la entrega de llaves. El ejemplo más cercano lo vemos en las viviendas de Villa de Prado. El primer concurso se produjo en noviembre de 2002 y se entregaron las primeras llaves en marzo del pasado año.

Una entrega no exenta de polémica, pues entre los 134 agraciados en el sorteo de estas VPO de promoción privada se encontraron varios hijos de altos cargos del PP.

LOS HIJOS DEL PP. El hijo del alcalde de Valladolid, la hija del consejero de Agricultura de CyL y el hijo del jefe de protocolo de la Junta de CyL son algunos de los “beneficiados” por este sorteo de viviendas protegidas que en teoría deben ir destinadas a los que más las necesitan.

A pesar de que el Ayuntamiento insiste en la legalidad de la adjudicación de las viviendas, los vallisoletanos se quejan de que éstas se adjudican “a dedo”, sin sorteo ante notario, un procedimiento que hasta ahora no era obligatorio.

Sospechas de los ciudadanos al menos justificadas por ciertas irregularidades. El caso más flagrante lo encontramos en la entrega de una de las viviendas al hijo del ex delegado del Gobierno en Castilla y León Isaías García Monje. Un joven que además de no residir en Valladolid –requisito indispensable para optar a una VPO es que se destine a domicilio habitual y permanente – hace pocos meses compró en Canarias un chalet valorado en 300.000 euros.

De estos datos podría deducirse al menos que este joven no pertenece al grupo de personas del Régimen Especial del que antes hablábamos, y por lo tanto, que sin duda habría otros que necesitaran más el piso de 90m².

Tras la controversia suscitada y ante la inminente actuación judicial, el hijo de García Monje decidió renunciar al piso de protección oficial.

Polémicas a un lado, a estas alturas tenemos claras las características y requisitos teóricos a cumplir para optar a una de estas viviendas protegidas, pero queríamos llegar un poco más lejos y conocer en la práctica y de primera mano los pasos que debe dar un joven de Valladolid para optar a una de estas VPO.

Para ello acompañamos a Rubén García, un chico de Laguna de Duero, en su búsqueda de vivienda en la localidad vallisoletana, nada es tan fácil como parece.

LA BÚSQUEDA. Tras varios tumbos por el pueblo, Ayuntamiento y Casa de la Juventud incluidos, le remiten al CEAS, el centro de acción social, donde lanzan algo de luz a su hasta entonces infructuosa búsqueda. Las únicas viviendas de protección oficial en esta localidad son de promoción privada y la empresa que lo lleva es GESFONTESTA, le facilitan su número de teléfono.

La empresa le comunica que los pisos que ha construido aun no se pueden vender ni alquilar, pues están pendientes de una resolución de la Junta que les conceda la condición de protección oficial. Rubén tiene que dejar su teléfono para que la constructora se ponga en contacto con él, aun así le informan de que los pisos serán de alquiler y sin posibilidad de compra.

Agotadas las vías en el propio pueblo, Rubén decide probar suerte en Valladolid. Acude al Edificio de Usos Múltiples donde se encuentra la Dirección General de la Vivienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio, competencia de la Consejería de Fomento. En este organismo le indican que debe inscribirse en el Registro como demandante de VPO, para optar a las de promoción pública, pero en el caso de las de promoción privada la inscripción se hace directamente en la constructora, que es la que hace la selección.

Si la selección es libre por parte de la constructora, ¿de que sirve que desde el 1 de enero de este año las comunidades autónomas tengan la obligación de contar con un registro de demandantes y adjudicatarios? Esta nueva y aparente transparencia sólo es efectiva en las viviendas de financiación cien por cien del Estado que son las menos. En el caso de las privadas, auque la Administración deba garantizar el cumplimiento de las condiciones mínimas, luego son las constructoras quienes eligen a su libre criterio a los beneficiados, como ha ocurrido con el hijo del señor García Monje.

En definitiva, las viviendas denominadas de protección oficial en muchos casos no son tales, ya que, al modo de ver de muchos, debieran proteger a los más desfavorecidos facilitándoles una casa a bajo coste, pero que al modo de ver de los otros pocos, los que “manejan el cotarro” se convierten en muchos casos en otro objeto más de prevaricación inmobiliaria. Y mientras, los jóvenes en casa de papá.