El agua vuelve a levantar ampollas

Hace algún tiempo, el teórico Lionel Robbins definió a la economía como la disciplina que estudia cómo los individuos administran unos recursos que son escasos". A estas alturas de la película y con lo poco que ha llovido, nadie cuestiona que el agua es uno de esos bienes a los que esta acepción hace referencia, aunque bien es cierto que en Valladolid desde hace algunos años su gestión ha sido objeto de polémica y confrontación entre el Ayuntamiento y algunas asociaciones vecinales.

El último episodio de esta guerra particular ha tenido lugar hoy, día en el que se ha hecho pública una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) en la que se declaraban nulos los actos de liquidación y recaudación de la tasa de alcantarillado y depuración de la Sociedad de Aguas de Valladolid (Agualid), empresa que gestiona este recurso en la capital desde 1997, lo que implica que el Consistorio vallisoletano tendrá que devolver una cantidad que se estima cercana a los 25 millones de euros.

El Tribunal ha deducido que una empresa no puede adquirir dicha responsabilidad, lo que le ha llevado a anular el Decreto de Alcaldía dictado por el actual equipo de gobierno en el año 2003, que autorizaba a la compañía a aplicar en sus facturas todas las tarifas que figuran en la Ordenanza Fiscal Reguladora de dicha tasa. La decisión viene amparada por una sentencia que el Tribunal Supremo dictó en abril de 2005 sobre una materia similar.

Así pues, el TSJ se ha basado en esta nueva doctrina del Supremo para decidir este caso. Si bien es cierto que en este sentido no se puede culpar al Ayuntamiento de la incompatibilidad del decreto con esta nueva jurisprudencia, la verdad es que el gobierno municipal debería seguir un criterio más estricto a la hora de ceder competencias, más en un bien fundamental como es el agua, del que hacen uso todos los ciudadanos de la capital; y habiendo tenido ya algún problema con otras atribuciones a sociedades como, por ejemplo, la marmolista de los cementerios de la capital.

Ahora es el turno de las interpretaciones y parece que la Asociación Familiar Rondilla y la corporación municipal no han entendido la decisión de la misma forma. Mientras que los primeros aseguran que se debe reparar el daño a todos los que han pagado dicho impuesto, el alcalde, Javier León de la Riva hablaba ya esta mañana de retribuir dicha cantidad a la acusación particular en el juicio. Todavía queda mucha tela que cortar.